El mito de los 70 años de ruina económica (Carlos H. Güttner)

En estos días me he dado a la paciente labor de concluir un trabajo de investigación para refutar una falacia predilecta de los falsificadores consuetudinarios de la historia nacional.

Se ha convertido en la muletilla de los ignaros comunicadores que fungen de periodistas, y es diseminada por doquier para confundir a quienes carecen del hábito de corroborar los asertos.

Consiste en atribuirle al Peronismo la culpa de la ruina económica del país por haber implementado sus ideas y leyes durante más de setenta años.

Uno de los empecinados autores de esa felonía retórica es el señor Fernando Iglesias, enemigo de la verdad histórica y experto en libelos disparatados que prescinden de toda prueba documental para sostener sus argumentos.

Lo acompaña una horda de gerentes y cadetes que ofician de elenco estable en la nómina de las corporaciones locales y extranjeras dedicadas al latrocinio nacional.

Al cabo de unos meses de indagar en archivos públicos, he podido recabar abundante documentación histórica y estadística que permite, sin mayores esfuerzos intelectuales, extraer conclusiones contundentes que publicaré con mayor detalle en mi próximo libro.

Resumiendo, puedo refutar la afirmación de que han sido setenta años de peronismo los causantes de la ruina económica del país a partir de los siguientes datos insoslayables:

• Desde 1.946 a 2.019 transcurrieron 72 años durante los cuales Perón gobernó apenas 10 años, aplicando el modelo justicialista.
• Dentro de este período de 72 años el liberalismo económico se aplicó durante 48 años, incluyendo la década de Menem. Todos sus programas fueron un fracaso y crearon pobreza, desocupación, inflación y baja de salarios.
• Desde 1.946 a 2.019 hubo 35 ministros de economía liberales y 13 peronistas. Otros 9 fueron de extracción heterodoxa.
• Las mal llamadas recetas populistas se aplicaron apenas durante 24 años (los tres gobiernos de Perón, el interinato de Duhalde y los gobiernos kirchneristas).
• En 72 años, si bien el Peronismo gobernó 34 años, los sucesores de Perón no aplicaron planes justicialistas sino liberales (Menem, durante 10 años) o desarrollistas (Duhalde, Kirchner y Cristina durante 14 años).

De manera que cuando dicen que el Peronismo es culpable de la ruina económica del país en los últimos 72 años, hay que recordarles que en 48 de esos años se impuso a sangre y fuego o por mentiras electorales un modelo económico neoliberal, verdadero causante de la tragedia económica y social de la Argentina.

Y sino revisen los nombres de los ministros de economía que tuvimos.

Los ayudaré a comprobarlo cuando publique el trabajo, a modo de ensayo histórico y documentada investigación con datos económicos y estadísticos.

Sólo resta acotar que en setenta y dos años los liberales pusieron más ministros que nadie en casi todos los gobiernos y aplicaron sus recetas durante medio siglo.

Fueron 13 los ministros peronistas:

CEREIJO, Ramón: 04/06/1.946 al 04/06/1.952

GÓMEZ MORALES, Alfredo: 19/01/1.949 al 03/06/1.952; 19/01/1.949 al 20/09/1.955 y 21/10/1.974 al 02/06/1.975

ARES, Roberto: 19/01/1.949 al 03/06/1.952

BONANNI, Pedro: 04/06/1.952 al 20/09/1.955

REVESTIDO, Miguel: 04/06/1.952 al 24/09/1.955

RODRIGO, Celestino: 02/06/1.975 al 22/07/1.975

BONANNI, Pedro José: 22/07/1.975 al 14/08/1.975

CAFIERO, Antonio Francisco: 14/08/1.975 al 03/02/1.976

CAPITANICH, Jorge Milton: 21/12/2.001 al 22/12/2.001

FRIGERI, Rodolfo: 23/12/2.001 al 07/01/2.002

REMES LENICOV, Jorge Luis: 07/01/2.002 al 26/04/2.002

LAVAGNA, Roberto: 26/04/2.002 al 28/11/2.005

FERNÁNDEZ, Carlos Rafael: 25/04/2.008 al 10/07/2.009

Fueron 9 los ministros no peronistas pero de orientación heterodoxa y anti-liberal:

FERRER, Aldo: 26/10/1.970 al 28/05/1.971

GELBARD, José Ber: 25/05/1.973 al 21/10/1.974

GRINSPUN, Bernardo: 10/12/1.983 al 18/02/1.985

MICELI, Felisa Josefina: 01/12/2.005 al 17/07/2.007

PEIRANO, Miguel Gustavo: 17/07/2.007 al 10/12/2.007

LOUSTEAU, Martín: 10/12/2.007 al 25/04/2.008

BOUDOU, Amado: 10/07/2.009 al 10/12/2.011

LORENZINO, Hernán Gaspar: 10/12/2.011 al 20/11/2.013

KICILLOF, Axel: 20/11/2.013 al 10/12/2.015

Y, finalmente, la perlita de la historia: los 35 ministros liberales en 48 años de los 72 que le achacan al peronismo como causante de la paupérrima situación económica nacional:

FOLCINI, Eugenio José: 24/09/1.995 al 13/11/1.955

GARCÍA, Julio Alizón: 17/10/1.955 al 14/06/1.956

BLANCO, Eugenio Alberto: 14/11/1.955 al 25/01/1.957

VERRIER, Roberto P.: 26/01/1.957 al 26/03/1.957

KRIEGER VASSENA, Adalbert: 26/03/1.957 al 30/04/1.958

DEL CARRIL, Emilio Donato: 01/05/1.958 al 24/06/1.959

ALSOGARAY, Álvaro: 25/06/1.959 al 26/04/1.961

ALEMANN, Roberto T.: 26/04/1.961 al 12/01/1.962

COLL BENEGAS, Carlos: 15/01/1.962 al 26/03/1.962

WHEBE, Jorge: 26/03/1.962 al 06/04/1.962

PINEDO, Federico: 06/04/1.962 al 30/04/1.962

Alsogaray, Álvaro: 30/04/1.962 al 10/12/1.962

MÉNDEZ DELFINO, Eustaquio: 10/12/1.962 al 21/05/1.963

MARTÍNEZ DE HOZ, José Alfredo: 21/05/1.963 al 12/10/1.963

Blanco, Eugenio Alberto: 12/10/1.963 al 19/08/1.964

PUGLIESE, Juan Carlos: 19/08/1.964 al 28/06/1.966

SALIMEI, Jorge Néstor: 29/06/1.966 al 03/01/1.967

Krieger Vassena, Adalbert: 03/01/1.967 al 11/06/1.969

DAGNINO PASTORE, José María: 11/06/1.969 al 17/06/1.970

MOYANO LLERENA, Carlos: 18/06/1.970 al 26/10/1.970

QUILICI, Juan: 01/06/1.971 al 11/10/1.971

LICCIARDO, Cayetano: 11/10/1.971 al 13/10/1.972

Whebe, Jorge: 13/10/1.972 al 25/05/1.973

MONDELLI, Emilio: 03/02/1.976 al 24/03/1.976

DE LAS HERAS, Joaquín: 24/03/1.976 al 29/03/1.976

Martínez de Hoz, José Alfredo: 29/03/1.976 al 29/03/1.981

SIGAUT, Lorenzo Juan: 29/03/1.981 al 21/12/1.981

Alemann, Roberto T.: 22/12/1.981 al 02/07/1.982

Dagnino Pastore, José María: 02/07/1.982 al 24/08/1.982

Whebe, Jorge: 25/08/1.982 al 09/12/1.982

SOURROUILLE, Juan Vital: 19/02/1.985 al 30/03/1.989

Pugliese, Juan Carlos: 04/04/1.989 al 26/05/1.989

RODRÍGUEZ, Jesús: 27/05/1.989 al 08/07/1.989

ROIG, Miguel Ángel: 08/07/1.989 al 14/07/1.989

RAPANELLI, Néstor: 15/07/1.989 al 15/12/1.989

GONZÁLEZ, Antonio Erman: 15/12/1.989 al 31/01/1.991

CAVALLO, Domingo Felipe: 31/01/1.991 al 02/08/1.996

FERNÁNDEZ, Roque: 02/08/1.996 al 10/12/1.999

MACHINEA, José Luis: 10/12/1.999 al 05/03/2.001

LÓPEZ MURPHY, Ricardo Hipólito: 05/03/2.001 al 20/03/2.001

Cavallo, Domingo Felipe: 20/03/2.001 al 20/12/2.001

GALLO, Nicolás Vicente: 20/12/2.001 al 21/12/2.001

PRAT GAY, Alfonso: 10/12/2.015 al 31/12/2.016

CAPUTO, Luis: 02/01/2.017 al 18/06/2.018

DUJOVNE, Nicolás: 02/01/2.017 a la fecha

Si usted sabe sumar y restar entenderá cómo le mienten los periodistas y los políticos oficialistas para ocultar su responsabilidad en el latrocinio que comenten contra los argentinos. Por eso es importante la historia, para que no puedan decir mentiras y hacer que los ciudadanos las crean.

Espero poder acercar mayores precisiones en el libro que publicaré.

Hasta entonces, sirva el presente como anticipo para contribuir a quitar el velo de la falacia con que pretenden corrernos.-

“Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras.” *

*Del rey Alfonso VI a don Rodrigo Díaz de Vivar en “El Cantar de Mío Cid”.

Hacia la definición de un discurso político en materia de seguridad (Carlos H. Güttner)

por CARLOS HERMANN GÜTTNER

20 de Noviembre de 2018

www.saij.gob.ar

Id SAIJ: DACF180245

"El modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente." (Manuel Belgrano)

RESUMEN

Este documento de política se plantea la necesidad de abordar los problemas de inseguridad pública eludiendo el anacronismo de la discusión ideológica basada en la antinomia "garantismo-represión".
En un contexto hemisférico cada vez más violento y desbordado por las desigualdades sociales y económicas, la inseguridad constituye el problema crucial de todos los gobiernos, que se muestran incapaces de dar respuestas adecuadas para resolverlo.
De cara a los comicios del próximo año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la elaboración de una propuesta política acertada en materia de seguridad pública debe tener como eje central el concepto de Seguridad como derecho humano fundamental.
La construcción del discurso político en torno a la seguridad se propone redefinirla a la luz de una óptica realista, con raigambre constitucional y propuestas de políticas públicas eficientes.
El primer paso consiste en zanjar toda discusión ideológica partiendo del Preámbulo de la Constitución Nacional como pauta orientadora del obrar del Estado en cuestiones de seguridad. Ello ha de ser útil tanto a la acción de gobierno, al poder de policía y a la jurisprudencia.
A partir de esta noción comprenderemos mejor la idea de la seguridad como derecho humano en el concierto de las doctrinas formuladas por los organismos internacionales de derechos humanos de la ONU y del sistema regional americano.

EL PREÁMBULO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL COMO PAUTA ORIENTADORA DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD

El valor jurídico del Preámbulo es determinante para la organización constitucional y la orientación filosófica del Estado, proclama los fines de la Constitución y sintetiza su contenido, es parte inescindible de ella y clave en la interpretación de las leyes.
Alberdi sostenía (1) que "abrazando la mente de la Constitución, el Preámbulo vendrá a ser la antorcha que disipe la oscuridad de las cuestiones prácticas, que alumbre el sendero de la legislación y señale rumbos a la política de gobierno".
La CSJN ha sido clara al sostener que "el legislador debe satisfacer los objetivos del Preámbulo y lograr el bien general o común, fin último del Estado y de toda función de Gobierno, que tiene en la norma dada por el Congreso, el medio más señalado por la Ley Suprema" (2).
En otro decisorio (3), expresó que "como principio, el legislador está facultado para hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes atribuidos al Gobierno de la Nación. En correspondencia con los fines enunciados en el Preámbulo de la Constitución, aquél cuenta con las facultades necesarias para satisfacer los requerimientos de la sociedad, poner fin a los estados de emergencia y conjurar cuanto ponga en peligro la subsistencia del Estado." Tanto la doctrina (4) como la jurisprudencia le han otorgado valor jurídico de naturaleza normativa al Preámbulo, que constituye una pauta hermenéutica para la interpretación de la Constitución.
Bidart Campos refirió que "interpretación implica aplicación, es decir, que el preámbulo es y debe ser aplicable y se lo aplica cuando se lo usa como parámetro o canon directo para la interpretación de las normas y la integración de los vacíos normativos, en todos los planos del ordenamiento jurídico"(5).
Al hablar de seguridad, entonces, no podemos apartarnos de los preceptos liminares contenidos en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional: afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad.
La pauta hermenéutica integradora en un estado constitucional de derecho tiene al Preámbulo como eje en la interpretación de las normas jurídicas.
Así las cosas, el Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos para hacer viable el ejercicio de todos los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional.
Sin seguridad no hay posibilidad de gozar de esos derechos, con lo cual el compromiso de imponer la legalidad combatiendo la inseguridad es una obligación irrenunciable del Estado.
Un Estado que no puede garantizar a sus ciudadanos la vida, la libertad, la propiedad y la seguridad es un Estado fallido.

LA SEGURIDAD COMO DERECHO HUMANO

El Estado moderno surgido a partir de la paz de Westfalia, en 1648, fue el garante de la seguridad pública que emanaba del principio de soberanía.
Los cambios de la postguerra y la consagración universal de los derechos humanos a mediados del siglo XX redefinieron el concepto de seguridad a partir de lograr la libertad del miedo y la libertad de la necesidad o de la miseria (6).
Las Naciones Unidas en diferentes informes ampliaron la noción luego de las convenciones complementarias a los tratados internacionales sobre derechos humanos e incluyeron como tal a la seguridad humana.
El Informe sobre Desarrollo Humano de 1994 indicó expresamente que la seguridad humana significa protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la comunidad (7).
Una de sus características consiste en centrar la noción de seguridad humana en el ser humano, entendiendo que es más fácil velar por ella mediante la prevención temprana que con la intervención posterior.
En la Cumbre del Milenio celebrada en Japón en el año 2000 se creó la Comisión sobre Seguridad Humana de la ONU, cuyo primer informe del 2.003 definió nuevamente a la seguridad humana, consistente en protección de la esencia vital de todas las vidas humanas de una forma que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano (...) Seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales: libertades que constituyen la esencia de la vida.
Significa proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas críticas (graves) y ominipresentes (generalizadas).
Significa la creación de sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que en su conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad (8).
La seguridad humana así entendida ha sido el vector de la política exterior de dos países desarrollados como Canadá y Japón.
Canadá considera a la seguridad humana como la libertad de las amenazas a los derechos de las personas, su seguridad y su vida (9).
Japón, por su parte, adopta una definición mucho más amplia de la seguridad humana, incluyendo la libertad del miedo y la libertad de la miseria (10).
En el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, párrafo 143, los jefes de Estado y de Gobierno hicieron referencia a la seguridad humana en los siguientes términos: "Subrayamos el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación. Reconocemos que todas las personas, en particular las que son vulnerables, tienen derecho a vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano."(11).
A partir de entonces los gobiernos del mundo civilizado institucionalizaron la seguridad humana en el marco de las Naciones Unidas.

EL CONCEPTO DE SEGURIDAD HUMANA EN EL MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS

Actualmente, la ONU sostiene que la seguridad humana consiste en proteger de las amenazas críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas) la esencia vitad de todas las vidas humanas de forma que se realcen las libertades humanas y la plena realización del ser humano (12).
La seguridad humana se compone de tres libertades fundamentales: la libertad del miedo, la libertad de la necesidad (o de la miseria) y la libertad para vivir con dignidad.
Se entiende que la libertad del miedo implica proteger a las personas de las amenazas directas a su seguridad y a su integridad física de las diversas formas de violencia.
Con relación a la libertad de la necesidad o de la miseria, hay que tener en cuenta la protección como medio de satisfacción de las necesidades básicas, el sustento y los aspectos económicos, sociales y ambientales vinculados a la vida de los ciudadanos.
En lo atinente a la libertad para vivir con dignidad, se destaca la protección y el empoderamiento de las personas para librarse de la violencia, la discriminación y la exclusión. La seguridad humana, así considerada, se extiende más allá de la violencia y admite otras amenazas contra la supervivencia tales como los abusos, la persecución, el homicidio, el desempleo, la inseguridad alimentaria, la falta de salud, la inequidad, la exclusión, etc.
La propia ONU determina dos estrategias de acción: la protección y el empoderamiento.
La protección, según la Comisión de Seguridad Humana, es una estrategia que deben asumir los Estados, los organismos internacionales, las ONG's y el sector privado, para resguardar a las personas de las amenazas, con medidas que vayan de arriba hacia abajo, o descendentes, reconociendo que las personas se enfrentan a amenazas que no pueden controlar y requieren de un nivel de protección sistemático, integral y preventivo. Solamente los Estados son responsables de proveer tal sistema de protección, aunque el resto de los actores desempeñe un rol clave.
El empoderamiento, en cambio, es otra estrategia que habilita a las personas a superar trances difíciles con medidas que van desde abajo hacia arriba, en sentido ascendente, para desarrollar capacidades comunitarias que promuevan participación en el diseño y ejecución de políticas que garanticen la seguridad.

LA FALTA DE SEGURIDAD COMO PROBLEMA NACIONAL

Argentina fue una de las naciones más seguras, desarrolladas y cultas del mundo hasta el advenimiento del modelo neoliberal impuesto por la dictadura militar en 1976.
La destrucción del Estado de Bienestar y la imposición de un modelo económico basado en la apertura indiscriminada y especulación financiera tuvieron como correlato la pauperización de los niveles de vida y el crecimiento alarmante de la inseguridad en los grandes centros urbanos.
En la actualidad, con el auge del narcotráfico y del crimen organizado internacional en tanto legados infortunados de la globalización, la Argentina se convirtió en uno más de los países latinoamericanos que conforman la región con mayores índices de desigualdad y violencia del mundo.
Este cuadro de situación constituye una grave amenaza a la seguridad humana, con fenómenos de violencia física sobre la ciudadanía por parte de los delincuentes, crímenes, terrorismo, violencia doméstica, maltrato de niños y ancianos, narcotráfico, trata de personas, etc.
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han coordinado acciones para establecer lineamientos de políticas públicas de seguridad ciudadana y derechos humanos.
La seguridad ciudadana como modalidad específica de la seguridad humana o seguridad personal requiere una protección universal contra el delito violento o predatorio (13). Se trata de una situación política y social en que las personas tienen legal y efectivamente garantizados el pleno goce de sus derechos humanos y la existencia de mecanismos, instituciones eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones que puedan lesionar tales derechos de forma ilegítima (14).
La inseguridad personal se ubica en primer orden de prioridades cuando se consulta acerca de las preocupaciones de la ciudadanía.
El problema acuciante del narcotráfico, extendido desde Centroamérica al hemisferio sur con alarmantes índices de violencia, revela la debilidad de los Estados para afrontarlo. Tanto la ONU como la OEA coinciden en resaltar la incapacidad de respuesta de los Estados latinoamericanos a la inseguridad que vulnera el principal derecho humano: el derecho a la vida.
Conclusiones.
Desde nuestra perspectiva nacional podríamos concluir que la seguridad humana es un derecho fundamental que no se respeta en estos tiempos y que obedece a la falta de justicia social y a la ausencia del Estado en la prevención y represión del delito.
No se trata, pues, de un problema ideológico sino político, que debe tener un tratamiento expeditivo con sólidas políticas de Estado y fallos ejemplares de la Justicia a través de una saludable interpretación de la Constitución Nacional y las leyes, comprendiendo que la seguridad es un derecho humano.
Un discurso político responsable y comprometido con la resolución de este grave problema social debe apelar a la formulación de políticas de estado basadas en la legalidad y la eficacia, rehuyendo los anacrónicos debates ideológicos.
Para ello es menester asumir la doble función de la política criminal del Estado: primero la prevención -que debe comprender la reimplantación de los Edictos Policiales y las tareas de inteligencia criminal-, y luego la represión del delito cuando se lo aborda en flagrancia.
La prevención es apenas un aspecto de la política penal del Estado. Una parte secundaria del todo. No puede haber prevención de lo que no se va a reprimir.
El delito es un flagelo que requiere reproche jurídico y política represiva.
¿Cómo vamos a prevenir si previamente decidimos no reprimir el obrar disvalioso? Carece de sentido común prevenir aquello que no se va a reprimir porque se lo va a tolerar como normal.
Un sistema penal sin castigo no es tal. El castigo es la consecuencia de un obrar antijurídico, por eso no existe la prevención sin el lógico correlato de la represión.
Quien delinque agrede a la sociedad y compromete la paz social.
El delito sin castigo y el derecho penal sin represión son utopías impracticables, ajenas a la naturaleza de la vida comunitaria. Son la punta de lanza de la anarquía y la desintegración nacional, aquí y en cualquier parte del mundo.
Una falsa concepción de los derechos humanos nos ha llevado a ser permisivos con los criminales, poniendo a las víctimas y a sus deudos de rodillas frente a la tragedia del crimen.
El Estado ha renunciado a sus funciones, abandonando a los ciudadanos honrados y laboriosos, ignorando también que el mantenimiento de la paz social y de la seguridad pública constituyen su razón de ser.
La sociedad debe unirse por encima de cualquier ideología y reclamar a los políticos por el desamparo de un Estado corrupto y ausente que la abandona frente a la inseguridad y al crimen organizado.
Pensar y difundir propuestas para enfrentar el catecismo laico y obligatorio que el garantismo abolicionista ha impuesto en materia penal, y cuyo costo se paga con vidas, es una paciente y laboriosa tarea de la comunidad.
El abolicionismo penal entraña un riesgo gravísimo: la restauración de la venganza privada como acto reparador.
En la Argentina los derechos humanos sirven para violar los derechos de otros humanos: los que forman parte de la sociedad que trabaja y respeta las leyes.
Podríamos decir que nuestras leyes quedan pulverizadas en beneficio de los delincuentes, cuyos derechos humanos prevalecen de manera aberrante por sobre los derechos de las víctimas y de la sociedad en general.
Al delito se lo previene y sino se lo reprime, hay que entenderlo de una buena vez.
Las garantías constitucionales deben ser aplicadas en resguardo de los ciudadanos decentes y trabajadores, no de lo delincuentes.
Sin orden y seguridad no hay comunidad ni paz social.
La Justicia no es una cuestión de clases sociales sino de dar a cada uno lo suyo.
El delincuente es delincuente porque comete delitos, sea pobre o sea rico merece ser reprimido y sancionado con una pena.

Notas al pie:
1)ALBERDI, Juan Bautista. Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Buenos Aires, 1913, t. I, pág. 220 2)CSJN, Fallos 308:2268 (del voto en disidencia del Dr. José Severo Caballero).
3)CSJN, 27-12-1990, in re Peralta... (ídem).
4)BAZÁN, Víctor. La Corte Suprema de Justicia frente a algunas exigencias actuales y prospectivas del imperativo preambular de "afianzar la justicia. E.D., Suplemento de Derecho Constitucional, Serie Especial, Buenos Aires, 5 de mayo de 2003, pág. 12.
5)BIDART CAMPOS, Germán. El camino de la Constitución. Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal nº 67, julio 2003, pág. 12.
6)Human Security Unit (2010): Training Manual. Human Security Regional Training, New York, p. 10.
7)PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1994.
8)Comission on Human Security: Human Security Now, New York, 2.003, p. 4.
9)Foreign Affairs and International Trade Canadá: Summative Evaluation of the Human Security Program, http://www.international.gc.ca/about-apropos/oig-big/2004/evaluation/humansecuri ty-securitehumaine.aspx?lang=eng.
10)Ministry of Foreign Affairs of Japan: Human Security, http://www.mofa.go.jp/policy/humansecu/index.html.
11)ONU: Documento Final de la Cumbre Mundial 2.005, Asamblea General, Sexagésimo período de sesiones, A/RES/60/1, 24 de Octubre de 2005.
12)Conceptos adaptados de Human Security Unit: Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, United Nation.
13)PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano para América Central, 2.009/2.010.
14)IIDH, 2.007.

El derecho a la permanencia en las obras sociales de quienes se jubilan por Minusvalía (Carlos H. Güttner)

por CARLOS HERMANN GÜTTNER

www.saij.gob.ar

Id SAIJ: DACF180199

I. INTRODUCCIÓN.
La Ley Nº 20.475 sancionada en 1973 instauró un régimen de previsión especial para el caso de los minusválidos.
De conformidad con dicho régimen, cuyo antecedente se encuentra en la Ley 16.602 que estableció normas especiales para los ciegos, los afectados por una disminución física o psíquica mayor del treinta y tres por ciento (33%) pueden acceder a la jubilación ordinaria con cuarenta y cinco años de edad y veinte años de servicios en relación de dependencia; o con cincuenta años de edad en caso de trabajadores autónomos que acrediten fehacientemente que durante los diez años inmediatamente anteriores al cese o a la solicitud del beneficio, prestaron servicios en el estado de disminución mencionado.
Asimismo, se prevé la coexistencia legislativa de la jubilación por invalidez con este régimen de jubilación especial por minusvalía.
Para la ley, son minusválidos aquellas personas cuya invalidez física o intelectual, certificada por autoridad sanitaria oficial, produzca en la capacidad laborativa una disminución mayor del treinta y tres por ciento (33%)(1). El artículo 3º de la norma aclara que los minusválidos tendrán derecho a la jubilación por invalidez cuando se incapaciten para realizar aquellas actividades que su capacidad inicial restante les permitía desempeñar.
Los jubilados por invalidez que hubieran reingresado a la actividad en relación de dependencia y hubieran denunciado dicho reingreso a la autoridad administrativa competente, tendrán derecho, en la medida en que subsista la incapacidad que originó el beneficio, a reajustar el haber de su prestación mediante el cómputo de las nuevas actividades, siempre que éstas alcanzaren a un período mínimo de tres años (2).

II. PROBLEMÁTICA: PERSPECTIVAS LEGALES, JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINARIAS.
Con frecuencia se presentan problemas al momento de la obtención del beneficio y la continuidad en el mercado laboral porque las obras sociales dejan de brindar cobertura y el beneficiario pasa al PAMI porque, no obstante seguir activo, se lo considera un pasivo.
Esta práctica ilegítima, avalada por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, vulnera derechos constitucionales como el derecho a la salud, que comprende la protección y los cuidados especiales de las Personas con Discapacidad (PCD).
Cuando hablamos de beneficiarios de la jubilación por minusvalía que se desempeñan en el ámbito de la administración pública nacional debemos considerar que la incompatibilidad para ejercer un cargo y percibir la jubilación no se aplica.
La Resolución N° 27/01 dispone que la incompatibilidad incorporada al artículo 1° del Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 8.566 del 22/09/1.961, modificado por el Decreto N° 897 del 11 de julio de 2.001, no comprende a las Personas con Discapacidad acreditada en los términos de la Ley N° 22.431, que perciban beneficios previsionales encuadrados en las Leyes N° 20.475 y 20.888.
Sin embargo, se omite cumplir con la norma y se excluye de la cobertura de las obras sociales a quienes continúan trabajando y accedieron a la jubilación por minusvalía, a pesar de aplicarle los descuentos del tres por ciento (3%) sobre la masa salarial.
También se incumplen la ley 23.660 y su Decreto Reglamentario N° 579/93, que confirman que "la mera circunstancia de obtener la jubilación no implica, sin más, la transferencia del beneficiario al INSSJP, sino que subsiste para el ex trabajador el derecho a permanecer en la obra social que le prestaba servicio hasta entonces; conclusión que , a su vez, fue ratificada por el artículo 20 de la ley 23.660 y su norma reglamentaria, al disponer que cuando el afiliado escogiese un agente de seguro distinto del INSSJP, éste debería transferir en igual plazo el monto equivalente al costo de módulo de Régimen de Atención Médica Especial para pasivos, que se garantiza a todos los jubilados y pensionados" (3).
Del mismo modo se ignoran los precedentes de la jurisprudencia que, en congruencia con la doctrina, establecen que el derecho del actor a las prestaciones médico asistenciales que le corresponden por su carácter de afiliado, radica en el vínculo de origen que los une, y no en la opción que prevén dichas normas o en el convenio que invoca la recurrente. Por lo demás, esta Sala ha decidido que los decretos mencionados por la apelante, aparte de alentar la posibilidad de que los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud elijan a quien le brinde la cobertura, no impiden que quienes gozaban de ella continúen bajo la misma protección (4)".
Asimismo se ha interpretado que "a partir del examen simultáneo de las leyes 18.610, 18.980 y 19.032, con la creación del INSSJP no se produjo un pase automático de los beneficiarios de las obras sociales al ente creado mediante la última de las normas, sino que tal transferencia se encontraba supeditada a la opción que voluntariamente realizaran quienes estuvieren interesados en ello, pues en caso contrario, mantendrían su afiliación a aquéllas"(5).
Con idéntico criterio se expidió el Defensor del Pueblo de la Nación a través de la Resolución DPN N° 056/09, efectuando una recomendación a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y a la Administración Nacional de Seguridad Social para que revean los criterios de interpretación de ciertas normas a fin de reconocer a quienes sean titulares de un beneficio previsional el derecho de conservar la obra social a la que estaban afiliados en actividad, en tanto no optaren por recibir la atención del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) o de cualquiera de las obras sociales registradas.
El comportamiento de las obras sociales al desafiliar a los beneficiarios por el mero hecho de acceder a la jubilación especial por minusvalía agravia derechos constitucionales relativos a la Salud (6) y a la condición de Persona con Discapacidad por aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y su Protocolo Facultativo. Esto responsabiliza al Estado Argentino que asumió compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud. Dicha obligación se extiende a las subdivisiones políticas y a las entidades públicas que participan del sistema sanitario.
Frente a ello a los agraviados no les queda otra solución que acudir a la justicia por la vía del amparo, con la consecuente dilación de los tiempos y gastos por litigar. Para peor, en vez de cumplir con su función y tutelar los derechos de los ciudadanos, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación avala el comportamiento ilegal de las obras sociales en perjuicio de los afectados.
Las obras sociales, una vez que proceden unilateralmente a dejar sin cobertura a los afiliados que se jubilan por la Ley N°20.475 de Minusvalía, alegan que existe imposibilidad jurídica de incorporarlos nuevamente debido a la doble cobertura por su condición de pasivos. Invocan los artículos 8 y 9 de la Ley N° 23.660 para justificar su posición y destacan que la obligación asistencial pasa a cabeza del PAMI o de las obras sociales que aceptan a personal pasivo y reciben los aportes y contribuciones que obligan a brindar salud.
Sin embargo, omiten decir que el afiliado ya está incluido como tal en la obra social y no busca la incorporación sino su permanencia en la misma conforme a las condiciones que la ley impone. Tampoco es cierto que se persiga una doble cobertura ya que sólo se pretende conservar la obra social elegida en su momento.
En contra de lo que la ley y la jurisprudencia determinan, las obras sociales se focalizan en la condición de pasivo que tendría el beneficiario de la minusvalía para negarle la cobertura, ignorando que la jubilación por minusvalía es un régimen especial y no ordinario del sistema previsional que permite expresamente a sus beneficiarios conservar la calidad de activos reingresando a la actividad en relación de dependencia.
Del mismo modo, al invocar el artículo 8 de la Ley N° 23.660, se ignora el inciso a) de dicha norma que establece que quedan obligatoriamente incluidos en calidad de beneficiarios de las obras sociales: a) Los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia, sea en el ámbito privado o en el sector público del Poder Ejecutivo o en sus organismos autárquicos y descentralizados; en empresas y sociedades del Estado, en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; (Inciso sustituido por Art. 2° de la Ley N° 23.890 B.O. 30/10/1990).
Por lo tanto, en orden a lo expuesto, tratándose de un sujeto activo con un régimen especial de jubilación por minusvalía, que se desempeña como empleado de la Administración Pública, no cabe dudas que la obra social, como agente del Seguro de Salud regulado por la Ley N° 23.660, tiene la obligación de mantenerlo como beneficiario y darle todas las coberturas impuestas por la normativa.
Esta obligación se extiende, por imperativo del artículo 9 inciso a) de la Ley N° 23.660, al grupo familiar primario, entendido éste como el integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros hasta los veintiún años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral, los hijos solteros mayores de veintiún años y hasta los veinticinco años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún años; los hijos del cónyuge; los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en este inciso.
Esto contradice el argumento de las obras sociales cuando afirman que es la ley quien dispone los términos de la afiliación, y puede apreciarse que la misma ley las obliga expresamente a través de los artículos que pretenden invocar como defensa, evidenciando la transgresión e incumplimiento.
En esa línea argumental ignoran que los afiliados cumplen rigurosamente con los aportes y contribuciones al momento de ser excluidos, tal como surge del cotejo de cualquier recibo de sueldo en el que constan los descuentos aplicados y su destino.
Con frecuencia, en las contestaciones de demandas o apelaciones de medidas cautelares, las obras sociales introducen como defensa nociones propias del derecho previsional que son ajenas al objeto y pretensión de las causas que versan sobre el derecho a la salud. En muchos casos se invoca la anuencia de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación para justificar el cese de la cobertura aduciendo que el afiliado renunció a la misma y se desvinculó de la obra social al momento de obtener la jubilación por Minusvalía, y que no posee legitimación alguna para permanecer en el sistema de obras sociales.
En la práctica, recomendamos intimar expresamente a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación por Carta Documento por el proceder arbitrario e inconstitucional de las obras sociales. Resulta, además, absurda y sin asidero jurídico, la pretensión de quitarle a un ciudadano la legitimación para permanecer en el sistema de obras sociales, más aún cuando la propia ley citada en párrafos que anteceden las obliga a incluir y brindar cobertura.
Las obras sociales tampoco están facultadas a decidir si reciben o no como afiliados a jubilados y pensionados. El Defensor del Pueblo de la Nación ha señalado este criterio equivocado de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (7), cuestionando que se ponga del lado de las obras sociales y no de los afiliados a quienes debe defender, forzando una arbitraria y antojadiza interpretación de las leyes que colisiona con las sentencias unánimes de los tribunales en este tema.
Las obras sociales invocan el Decreto N° 492/95 que versa sobre el Programa Médico Obligatorio (POM) para reforzar su negativa a mantener la afiliación, sosteniendo -en algunos casos- que no reciben jubilados y que la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación ordena la baja de la afiliación, reiterando la imposibilidad jurídica de incorporarlo. No explican cuál es la imposibilidad jurídica y tampoco surge del repaso efectuado de las normas en cuestión que exista tal imposibilidad, por el contrario, son éstas las que determinan expresamente la obligación de mantener la afiliación y brindar cobertura. También es falso que no exista contraprestación alguna para que la obra social continúe brindando cobertura, ya que como hemos reiterado se siguen descontando los aportes y contribuciones en los recibos de haberes.
Con idéntico despropósito se arguye que la parte damnificada no demanda la inconstitucionalidad de la Ley de Obras Sociales al presentar la acción de amparo. No es admisible tal reproche cuando el fin perseguido consiste en el cumplimiento de dicha ley, cuya interpretación pretenden hacer valer de manera parcial y confusa en perjuicio del afiliado. Éste jamás renuncia a su derecho a la salud ni a recibir cobertura de la obra social que oportunamente eligió, tal como manifiestan reiteradamente las obras sociales, con lo cual es falsa toda renuncia o desvinculación a la condición de afiliado. Para desvirtuar esta falacia es importante reclamar ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y ante las obras sociales en forma previa al accionar judicial.
En las presentaciones judiciales, las obras sociales aducen, siguiendo las disposiciones de los Decretos 292/1995, 492/1995, 1.400/2001 y 1.608/2004, que ningún beneficiario del Sistema Nacional de Seguro de Salud puede estar afiliado a más de un agente, sea como beneficiario o como miembro del grupo familiar primario, circunstancia que no se discute en la pretensiones de los damnificados. Tampoco importa considerar si la obra social está o no inscripta en el Registro de Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud para la atención médica de jubilados y pensionados, porque el afiliado conserva su calidad de trabajador activo en la administración pública y en virtud de ello tiene derecho a mantener la obra social. El hecho de haber accedido a un régimen especial de jubilación por minusvalía no lo excluye de tal calidad y la propia Ley N° 20.475 así lo establece.
Cuando las obras sociales se agravian en la imposibilidad de optar por la obra social accionada con motivo de que no se encuentra inscripta en el registro de prestadores creado por los decretos 292 y 492 -ambos del año 1.995-, hay que recordar que la jurisprudencia es tajante al considerar que el derecho del accionante a las prestaciones médico-asistenciales que le corresponden por su carácter de afiliado radica en el vínculo de origen que los une y no en la opción que prevén dichas normas o en convenio alguno.
Por lo demás, los decretos mencionados, aparte de alentar la posibilidad de que los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud elijan a quien les brinde la cobertura, no impiden que quienes gozaban de ella continúen bajo su misma protección (2).
La conducta desplegada por las obras sociales y por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación al desconocer las normas en juego, interpretándolas de manera arbitraria y excluyente, constituyen un acto de discriminación que viola no solo los derechos invocados inicialmente sino también el artículo 1° párrafo tercero del Anexo II de la Reglamentación de la Ley N° 23.660, contenido en el Decreto N° 576/93.
Muchas veces, al rebatir los argumentos de las demandas impetradas en su contra, las obras sociales afirman que la exclusión de la cobertura sólo responde a un impedimento legal y se escudan en el Manual de Beneficiarios de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y en la Resolución Conjunta N° 151/95 del MS y AS y N° 349/95 del MTS, situación ésta absolutamente reprobable toda vez que deja de lado normas de rango superior como la Constitución Nacional, los tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional superior a las leyes, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y su Protocolo Facultativo, así como también la legislación común en la materia y la profusa jurisprudencia de nuestros tribunales.
Otras veces esgrimen como fundamento la falta de aportes conforme al artículo 34 de la Ley N° 24.241 por un jubilado que vuelve a la actividad. Todo esto es falso, tal como surge de los recibos de sueldo que destacan expresamente tales rubros y allí constan los destinados a las obras sociales. El artículo 34 dice en el inciso 1 que los beneficiarios de prestaciones del Régimen Previsional Público podrán reingresar a la actividad remunerada tanto en relación de dependencia como en carácter de autónomos. Su interpretación requiere, necesariamente, la remisión a la Ley N° 20.475 que permite, en tanto régimen especial de previsión social, el reingreso a la actividad en relación de dependencia.
Los afiliados que siendo trabajadores de la administración pública acceden a la jubilación por minusvalía continúan en actividad y aportan en todos los rubros legales, como se infiere de la mera observación de sus recibos de haberes.
Las obras sociales infractoras no pueden desconocer que la Ley N° 20.475 instauró un régimen especial para Minusválidos con la extensión y los alcances previstos; ni la Resolución N° 27/2.001 que dispone que la incompatibilidad incorporada al artículo 1° del Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 8.566 del 22/09/1961, modificado por el Decreto N° 897 del 11 de julio de 2.001, no comprende a las Personas con Discapacidad acreditada en los términos de la Ley N° 22.431, que perciben beneficios previsionales encuadrados en las Leyes N° 20.475 y 20.888.
La jurisprudencia ha sostenido en reiterados precedentes que la mera circunstancia de obtener la jubilación no implica, sin más, la transferencia del beneficiario al INSSJP, sino que subsiste para el ex trabajador el derecho a permanecer en la obra social que le prestaba servicio hasta entonces; conclusión que, a su vez, fue ratificada por el artículo 20 de la ley 23.660 y su norma reglamentaria, al disponer que cuando el afiliado escogiese un agente de seguro distinto del INSSJP, éste debería transferir en igual plazo el monto equivalente al costo de módulo de Régimen de Atención Médica Especial para pasivos, que se garantiza a todos los jubilados y pensionados (8).
En una causa reciente y con iguales fundamentos, la obra social demandada adujo que la actora fue beneficiaria titular cuando era trabajadora activa y, habiéndose operado su baja por acogerse al beneficio de la jubilación, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 8, 9 y 10 de la ley 23.660, no estaba obligada a seguir manteniendo la afiliación ni a brindar cobertura asistencial. Habida cuenta de que la obra social demandada no se encontraba incluida en el listado confeccionado por la Superintendencia de Servicios de Salud, la actora no podía hacer uso de opción alguna (en el marco de los decretos 292/95 y 492/95) porque no había convenio vigente con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, dada la rescisión operada por falta de pago. Dicho Instituto es la obra social natural y obligatoria para la actora (ley 19.032), puesto que los aportes retenidos sobre los haberes de jubilados y pensionados ingresan exclusivamente al PAMI.
Como se ha decidido en otras ocasiones a partir del examen simultáneo de las leyes 18.610, 18.980 y 19.032, los jueces entendieron que con la creación del INSSJP no se produjo un pase automático de los beneficiarios de las obras sociales al ente creado mediante la última de las normas, sino que tal transferencia se encontraba supeditada a la opción que voluntariamente realizaran quienes estuvieren interesados en ello, pues en caso contrario, mantendrían su afiliación a aquéllas (9).
También resulta pertinente recordar que el artículo 10 inciso c) de la Ley N° 23.660 dispone que el carácter de beneficiario, otorgado en el inciso a) del artículo 8, y en los incisos a) y b) del artículo 9 de la misma ley, subsistirá mientras se mantenga el contrato de trabajo o la relación de empleo público y el trabajador o empleado reciba remuneración del empleador, salvo en el supuesto de extinción del contrato de trabajo, en cuyo caso los trabajadores que se hubiesen desempeñado en forma continuada durante más de tres meses, mantendrán su calidad de beneficiarios durante un período de tres meses, contados desde su distracto, sin obligación de efectuar aportes (inciso a).
En ese contexto normativo se debe interpretar que el distracto que contempla la norma no es el que tiene lugar con motivo de la jubilación del trabajador sino el que se verifica por otras circunstancias, como son las previstas en los distintos incisos del artículo, pues de otro modo quedaría sin contenido el art. 8 de la ley 23.660, en cuanto establece en su inciso b), con carácter general, que quedan obligatoriamente incluidos en calidad de beneficiarios los jubilados (10).
En efecto, es oportuno remitirse a lo dispuesto en la sentencia de Cámara que se cita, en cuanto a que las razones hasta aquí brindadas resultan suficientes para desestimar el agravio de la demandada toda vez que su vinculación con ésta deriva de su calidad de trabajador en relación de dependencia que oportunamente eligió una obra social, efectuando todos los aportes y contribuciones que por ley corresponden, tal como surge de los descuentos en los recibo de haberes.
No es menor el detalle de que, al ser demandadas, las obras sociales no citen un sólo caso de jurisprudencia que avale sus argumentos. Ello es así porque tanto las obras sociales como la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación se empecinan en desconocer las leyes en juego para casos como este, amén de invocarlas con sentido sesgado y tendencioso, ignorando que el ordenamiento jurídico constituye un entramado donde las leyes se disponen con un criterio de prelación.
La interpretación y la conclusión de éstas y de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación resultan a todas luces ilegítimas y arbitrarias porque dan prioridad a una norma de rango inferior (el Decreto 292/95 y otros concordantes) sobre leyes de rango superior (Constitución Nacional, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y su Protocolo Facultativo, Leyes N° 27.044, 20.475, 23.660 y concordantes) descartando la regla jurídica de prelación de las normas y arribando, consecuentemente, a conclusiones equivocadas en forma intencional, irracional y caprichosa (11).

III. CONCLUSIÓN Y PROPUESTA.
El obrar administrativo de las obras sociales y de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación en sentido contrario al ordenamiento jurídico y a la pacífica jurisprudencia en este punto, tiene como único resultado la restricción y la lesión de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional en forma explícita (Derecho a la Salud por el Artículo 25 inc. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 10 del Protocolo de San Salvador; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y su Protocolo Facultativo) e implícita por mandato imperativo del Artículo 33 de la Carta Magna.
A casi una década de su dictado, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y las obras sociales siguen haciendo caso omiso a la Recomendación N° 056/2.009 del Defensor del Pueblo de la Nación, cuyo artículo 1° aconsejaba rever los criterios de interpretación de las normas a que se hace referencia en esta causa y reconocer a las personas que hubieren obtenido u obtengan un beneficio previsional el derecho a conservar la obra social a la que estaban afiliados en actividad.
Nadie puede violar los derechos y garantías de rango constitucional y mucho menos omitir los fallos judiciales que constituyen doctrina unánime en casos como el que nos ocupa.
Téngase presente que el Artículo 4 "Obligaciones generales" acápite 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU establece que los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella; e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad.
El Estado Argentino ha asumido estos compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud y dicha obligación se extiende a sus subdivisiones políticas y otras entidades públicas que participan de un mismo sistema sanitario. Ni la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación ni las obras sociales pueden contrariarlos en modo alguno.
Para zanjar la cuestión y evitar que una eventual decisión administrativa suprima este derecho en menoscabo de las personas con discapacidad que trabajan en la administración pública y perciben una jubilación especial por minusvalía, proponemos que lo preceptuado en la Resolución Nº 27/2.001 se establezca por ley, incorporándose como agregado a la Ley Nº 20.475.
Con ello se se impedirá la litigiosidad a causa del desconocimiento de derechos constitucionales por parte de las obras sociales y de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.-

Notas al pie:
1) Véase artículo 1º de la Ley Nº 20.475.
2)Véase artículo 4º de la Ley Nº 20.475.
3)Véanse: C. S. J. N. "Albónico, Guillermo Rodolfo c/ Instituto Obra Social, 8/05/01; Cámara Civil y Comercial Federal, Litis Miguel Ángel c/ Obra Social Unión Personal s/ Sumarísimo de Salud, 9/12/14".
4)Conf. causa 33.425/95, cuyo criterio ha sido confirmado por el Alto Tribunal en "Albónico".
5)Véase: "Espinguinha Mirta c/ Obra Social Unión Personal del Personal Civil de la Nación s/ Amparo de Salud, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 13/07/2015). En igual sentido se resolvió en causas 16.173/95, 30.317/95, 2151/99, 435/99 de esa misma Sala.
6)Véase: Art. 25 inc. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 10 del Protocolo de San Salvador, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
7)Véase: Resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación Nº 056/09: Derecho a conservar la Obra Social a la que se estaba afiliado en actividad.
2Ídem.
8)Véanse: CSJN, Albónico, Guillermo Rodolfo c/ Instituto Obra Social, 8/05/01; Cámara Civil y Comercial Federal, Litis Miguel Ángel c/ Obra Social Unión Personal s/ Sumarísimo de Salud, 9/12/14). Tal criterio fue reiterado por la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal en un reciente fallo del año 2.017: "B. C. A. c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ Amparo de Salud", Causa 7.849/2.016 Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, Secretaría N° 3.
9)Conf. C.S.J.N., A.354XXXIV, "Albónico Guillermo Rodolfo y otro c/ Instituto Obra social", del 8.5.2001; esta Sala, causas 16.173/95 del 13.6.95, 30.317/95 del 12.10.95, 31.031/95 del 27.6.96, 33.425/95 del 5.9.96, 42.050/95 del 6.3.97, 889/99 del 8-6-99, 4221/97 del 16.9.99, 5931/98 del 18.11.99, 2151/99 del 17.2.2000, 435/99 del 16.3.2000 y 436/99 del 13.4.2000; Sala II, causa 39.356/95 del 13.2.96 y Sala III, causa 4229/98 del 4.11.99 y sus citas.
10)Conf. esta Sala, causas 5931/98 del 18.11.99, 3889/98 del 23.5.2000, 4905/98 del 10.4.2001, 7179/2000 del 19.4.2001, 101/02 del 12.2.02; Sala II, causa 2132/97 del 28.12.99 11)Conf. doctrina de la C. S. J. N. en Fallos 270:69; 271:165; 273:84; 274:186; 281:394; 297:65; 310:622; 311:208.