Publiqué estas reflexiones hace más de un año, advirtiendo sobre el riesgo de la inseguridad y la retracción del Estado.
Casi todos saben que soy un férreo opositor al garantismo para los reincidentes del delito.
El garantismo debe regir para los ciudadanos honestos, no para los delincuentes.
Una equivocada interpretación de las normas con inconfesables propósitos nos conduce al disparate de creer que el garantismo funciona así, con funestas consecuencias en el tejido social y la seguridad pública.
Sin extenderme en consideraciones fútiles, esta expresión se complementa con mi más enérgico rechazo al abolicionismo penal, propuesto por muchos teóricos y doctrinarios del Derecho y de la Política actual.
Por el contrario, me manifiesto partidario de la doble función de la política criminal del Estado: primero la PREVENCIÓN -que comprende la reimplantación de los Edictos Policiales y tareas de inteligencia criminal-, luego la REPRESIÓN, sin miramientos ni contemplaciones para los delincuentes cuando se los aborda en flagrancia.
La prevención es apenas un aspecto de la política penal del Estado. Una parte secundaria del todo. No puede haber prevención de lo que no se reprime.
El delito es un flagelo que requiere reproche jurídico y política represiva.
¿Cómo vamos a prevenir si previamente decidimos no reprimir el obrar disvalioso?
Carece de sentido común prevenir aquello que no se va a reprimir porque se lo tolera como normal.
Un sistema penal sin castigo no es tal.
El castigo es la consecuencia de un obrar antijurídico, por eso no existe la prevención sin el lógico correlato de la represión.
Quien delinque agrede a la sociedad y compromete la paz social.
El delito sin castigo y el derecho penal sin represión son utopías impracticables, ajenas a la naturaleza de la vida comunitaria. Son la punta de lanza de la anarquía y la desintegración nacional, aquí y en cualquier parte del mundo.
Una falsa concepción de los derechos humanos nos ha llevado a ser permisivos con los criminales, poniendo a las víctimas y a sus deudos de rodillas frente a la tragedia del crimen.
El Estado ha renunciado a sus funciones, abandonando a los ciudadanos honrados y laboriosos, ignorando también que el mantenimiento de la paz social y de la seguridad pública constituyen su razón de ser.
Una falsa concepción de los derechos humanos nos ha llevado a ser permisivos con los criminales, poniendo a las víctimas y a sus deudos de rodillas frente a la tragedia del crimen.
El Estado ha renunciado a sus funciones, abandonando a los ciudadanos honrados y laboriosos, ignorando también que el mantenimiento de la paz social y de la seguridad pública constituyen su razón de ser.
La sociedad debe unirse por encima de cualquier ideología y reclamar a los políticos por el desamparo de un Estado corrupto y ausente que nos abandona frente a la inseguridad y al crimen organizado.
Pensar y difundir propuestas para enfrentar al catecismo laico y obligatorio que el garantismo abolicionista ha impuesto en materia penal, y cuyo costo se paga en vidas, es una paciente y laboriosa tarea de la comunidad.
El abolicionismo penal entraña un riesgo gravísimo: la restauración de la venganza privada como acto reparador.
El abolicionismo penal entraña un riesgo gravísimo: la restauración de la venganza privada como acto reparador.
En la Argentina, los derechos humanos sirven para violar los derechos de otros humanos: los que forman parte de la sociedad que trabaja y respeta las leyes.
Podríamos decir que nuestras leyes quedan pulverizadas en beneficio de los delincuentes, cuyos derechos humanos prevalecen de manera aberrante por sobre los derechos de las víctimas y de la sociedad en general.
Al delito se lo previene y sino se lo reprime, entiéndanlo.
Las garantías constitucionales deben ser aplicadas en resguardo exclusivo de los ciudadanos decentes y trabajadores, no de lo delincuentes.
Sin orden y disciplina no hay comunidad ni paz social.
La Justicia no es una cuestión de clases sociales, sino de dar a cada uno lo suyo.
El delincuente es delincuente porque comete delitos, sea pobre o sea rico merece ser reprimido y sancionado con una pena.
Dijo alguna don Manuel Belgrano: "El modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente".
Señores jueces, gobernantes, políticos, intelectuales y académicos: Por favor, háganle caso.-
